Con fecha 8 de junio de 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado el recurso de inconstitucionalidad nº 3856-2012 y, en consecuencia, declara inconstitucional y nula la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, con los efectos señalados en el Fundamento jurídico 6 de la Sentencia.

Aparte de instar al Gobierno a promover una iniciativa legislativa para la reforma del Impuesto, ha propuesto dos posibles alternativas: Incorporar, para la determinación de la Base Imponible, coeficientes de variación del mercado inmobiliario del suelo para cada año, manteniendo la referencia al Valor Catastral. Estos coeficientes serían determinados por “fuente oficial” y actualizados cada año por la Ley de Presupuestos.  

El consejero de Presidencia clausura un curso sobre tributos locales y destaca la situación de incertidumbre por la falta de desarrollo del nuevo régimen local.